Los decanos que impulsaron la demanda judicial por la reelección en la Universidad Nacional de Tucumán apelaron ante la Cámara Federal el fallo que rechazó su planteo apenas minutos después de que el rector Sergio Pagani formalizara su inscripción para competir por un nuevo mandato, y reclamaron que la Justicia revise de manera urgente la decisión que había cerrado la causa por inexistencia de “caso” concreto.

La nueva presentación fue realizada por el abogado Gonzalo Casas, representante de Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala, quienes desde el inicio sostienen que el Estatuto reformado de la UNT impide un tercer período consecutivo en el rectorado. La apelación fue interpuesta luego de que el juez federal Guillermo Díaz Martínez desestimara la acción declarativa de certeza, declarara la falta de legitimación activa de los actores y rechazara también la cautelar que buscaba impedir la oficialización de una eventual candidatura de Pagani.

El dato político y jurídico central es que la apelación llegó inmediatamente después de la inscripción formal del actual rector, acompañado nuevamente por la vicerrectora Mercedes Leal. En un escrito complementario, Casas remarcó que “ya se ha inscripto el rector Pagani a una candidatura a un tercer mandato consecutivo en contra del Estatuto y de la Asamblea Universitaria”, y recordó que la propia sentencia había señalado que era necesaria la existencia de un caso concreto para habilitar la intervención judicial. Sobre esa base pidió que el recurso sea tramitado “con urgencia” y con habilitación de días y horas inhábiles.

La apelación apunta directamente al núcleo del fallo de Díaz Martínez. Según Casas, la decisión judicial incurrió en una contradicción al rechazar la demanda por inexistencia de candidatura formalizada y quedar superado ese argumento apenas horas después con la inscripción efectiva de Pagani. En ese contexto, el letrado sostuvo que la controversia dejó de ser hipotética y pasó a constituir un conflicto actual que requiere inmediata revisión por la Cámara Federal.

En el desarrollo del recurso, la parte actora insiste en que el nuevo Estatuto universitario no deja margen para interpretaciones amplias. Afirma que los artículos 17 y 190 fijan un límite claro de dos mandatos consecutivos y que la Asamblea Universitaria ya expresó de manera inequívoca su voluntad de impedir nuevas reelecciones sucesivas. “El órgano máximo de la voluntad soberana decidió contundentemente que el actual Rector no puede ir por un tercer mandato”, sostuvo Casas.

El escrito también cuestiona el criterio según el cual el Consejo Superior podría interpretar el Estatuto para habilitar una candidatura. A juicio de los apelantes, ese órgano carece de competencia para modificar lo resuelto por la Asamblea Universitaria, a la que equiparan con el poder constituyente interno de la casa de estudios. “Eso sería como si el Poder Ejecutivo quisiera subvertir lo establecido en la Constitución Nacional por el Constituyente del 94”, expresó el recurso.

Casas además sostuvo que no corresponde abrir debates donde la norma es clara. Citó el principio “in claris non fit interpretatio”, según el cual cuando el texto es inequívoco sólo resta aplicarlo. En ese sentido, afirmó que las cláusulas cuestionadas son “reglas típicas de limitación del poder destinadas a garantizar la renovación de las autoridades y evitar la personalización de las instituciones”.

Como antecedente político de peso, la apelación recordó declaraciones públicas atribuidas al propio Pagani tras la reforma estatutaria. Según el escrito, el rector había reconocido entonces que no estaba habilitado para continuar luego de la actual gestión. Para los demandantes, ese cambio posterior de postura refuerza la idea de que la incertidumbre no proviene del Estatuto sino de su eventual incumplimiento.

La controversia se impuso hace semanas. Cabrera y Abdala promovieron originalmente una acción declarativa para que la Justicia definiera si Pagani podía competir otra vez. La Universidad Nacional de Tucumán, representada por su apoderado Jorge Chehín, rechazó la demanda y sostuvo que no existía incertidumbre jurídica actual, que no había candidatura oficializada y que una intervención judicial anticipada afectaría la autonomía universitaria. Esa postura fue luego acompañada por el dictamen del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien pidió desestimar la causa por ausencia de caso concreto.

Con la inscripción de Pagani ya consumada, el escenario cambió por completo. Lo que hasta hace pocos días era una hipótesis pasó a ser un acto formal dentro del cronograma electoral universitario. Por eso, la estrategia de los decanos ahora apunta a que la Cámara revise rápidamente el fallo de primera instancia antes de que avance el proceso de oficialización definitiva de candidaturas.

La resolución que adopte la alzada tendrá impacto directo sobre la elección en la principal universidad pública del norte argentino. Si confirma el criterio de Díaz Martínez, Pagani quedará con el camino despejado para competir por otro mandato. Si revoca la sentencia, en cambio, la discusión sobre los límites estatutarios volverá al centro de la escena y podría alterar por completo la disputa por el rectorado.